NO A LOS RECORTES | NO A LA REFORMA LABORAL

UGT rechaza que los 8 millones de pensionistas se incorporen al copago farmacéutico

UGT considera que el Gobierno ha iniciado un camino especialmente peligroso al plantear fórmulas de copago en el sistema sanitario español. Reformular la financiación de los servicios públicos esenciales con este tipo de planteamientos supone que los ciudadanos se enfrentan al sistema sanitario con un estatus diferente en función de su nivel de renta, rompiendo el principio esencial de igualdad. El problema es la resistencia ideológica del Gobierno a articular un sistema fiscal -justo, equitativo, suficiente, y progresivo- que garantizaría los recursos para financiar el sistema sin necesidad de recurrir a ningún tipo de distinción en función de los recursos individuales. El sindicato defiende el mantenimiento del sistema público sanitario universal, equitativo y solidario.

Las medidas anunciadas por la ministra de Sanidad, al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrado hoy, suponen para UGT el inicio de un camino especialmente peligroso en relación con una pieza básica del Estado de Bienestar de nuestro país, como es el sistema sanitario público. El sindicato insiste, una vez más, que nuestro sistema sanitario NO ES GRATUITO, que está financiado con los impuestos que pagamos los ciudadanos. A falta de conocer con detalle las medidas anunciadas en rueda de prensa, puesto que tampoco en esta ocasión ha dado cumplimiento a su obligación de informar de sus políticas a los órganos consultivos existentes, creemos necesario hacer algunas consideraciones:

•Los medicamentos forman parte indisoluble del sistema sanitario, por lo que afirmar (como ha hecho la Ministra Mato) que no hay “copago sanitario” es un recurso semántico interesado que no puede ocultar la verdad: los jubilados no pagan por los medicamentos y el Gobierno reformará la ley para que a partir de ahora paguen. Se incorporan por tanto los 8 millones de pensionistas, a los que se les reduce las pensiones dos veces consecutivas, con la subida del IRPF y con esta imposición de copago farmacéutico.
•El sindicato valora que se excluya del pago de medicamentos a los desempleados sin prestación económica y a los jubilados de pensiones no contributivas, pero hace recaer todo el peso de la medida las rentas medias. Por tanto, son de nuevo los trabajadores los que van asumir el coste de la crisis.
•UGT comparte que la financiación de los servicios públicos debe ser progresiva, aportando más quien más tiene. Eso no es nada nuevo; la única novedad es que ese principio hasta ahora se articulaba a través del sistema tributario, encargado de proveer los recursos para la financiación de todos los servicios públicos. Como el Gobierno se niega a una reforma fiscal imprescindible para reparar los graves errores cometidos durante muchos años desarbolando el sistema, ha decidido trasladar el sistema directamente a la gestión sanitaria. Y, por los anuncios realizados, puede que se amplíe a otros servicios (por ejemplo, el debatido copago en el sistema judicial).
•El copago, farmacéutico o sanitario, sitúa a los ciudadanos “a las puertas” del servicio que debe garantizar su salud en función de sus recursos económicos, lo que introduce un principio de desigualdad evidente. Debemos ser diferentes, en función de nuestra renta ante el sistema tributario, no ante el sanitario.
•Es preocupante la definición de la Cartera Básica de Servicios, que divide en tres modelos la básica, suplementaria y la de servicios accesorios. En esta materia, dentro de dos meses, podría incorporar copagos dependiendo de la prestación sanitaria en los diferentes tramos de la cartera. Es decir podemos vernos con un sistema de beneficiencia y romper el principio de solidaridad que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Por tanto, exigimos al Ministerio que, además de tranquilizar a los ciudadanos en ruedas de prensa, no esconda las medidas y las exponga convocando la mesa de Diálogo Social.
•Los cambios en las prestaciones a ciudadanos no nacionales también es un motivo de grave preocupación para UGT, por lo que exigimos una aclaración urgente y lo más extensiva posible sobre los anuncios realizados en relación a las modificaciones de la Ley de Extranjería.
•No se puede abordar la reforma de la ordenación de las profesiones sin contar con los profesionales ni los representantes de los trabajadores. UGT solicita la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial.
UGT reitera al gobierno que no apruebe estas medidas sin haberlas abordado antes en las mesas de diálogo Social y en los órganos consultivos.

Manifiesto de CCOO y UGT ante el Primero de Mayo de 2012

El 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se caracteriza -en este año- por la profundización de la crisis global; tras casi cinco años del inicio de la crisis financiera, el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas es un hecho incuestionable y con efectos dramáticos al haber aumentado la destrucción de empleo, la pobreza y las desigualdades.

Ante la falta de regulación del sistema financiero, los ataques a la deuda soberana de los países, el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, la disminución de la protección social y el deterioro de los servicios públicos, la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Europea de Sindicatos responden con la movilización sindical, reclamando una salida social a la crisis, con otras políticas que impulsen el crecimiento económico y del empleo y preserven la cohesión social.

Junto al movimiento sindical internacional y europeo, CCOO y UGT reivindicamos el fin de todos los conflictos bélicos originados por los intereses económicos y políticos o por los fanatismos de todo tipo y exigimos que terminen, de una vez por todas, las violaciones de los derechos laborales, sindicales y civiles en todo el planeta.

Un camino de esperanza para los pueblos árabes

La llamada “Primavera árabe” ha producido, en 2011, el derrocamiento de las dictaduras de Túnez, Egipto y Libia. En este último país, tras una intervención de la OTAN y una guerra civil. En Siria, el conflicto ha devenido en una guerra civil en la que aún hoy continúa inmersa por la negativa del régimen represor de los Assad a abrir paso a la democracia. En otros países se han realizado cambios políticos de orientación democratizadora como consecuencia de la presión popular. Con independencia de las dificultades, incertidumbres y riesgos que se manifiestan en los países árabes, hay que valorar como merecen las rebeliones de los pueblos por la libertad y la justicia y para poner fin a dictaduras corruptas.

La OIT regula derechos laborales para el trabajo doméstico

En la 100ª Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, celebrada en junio de 2011, además de otros asuntos tratados, hay que celebrar que se adoptaron normas laborales internacionales para proteger a entre 53 y 100 millones de trabajadores domésticos en el mundo. En los países en desarrollo representan entre el 4 y 12% del empleo asalariado, siendo alrededor del 83% mujeres o niñas y muchas de ellas migrantes. Es la primera vez en la historia de la OIT que las normas laborales se llevan al ámbito de la economía informal. Las nuevas normas se convertirán en el Convenio 189º de la OIT y la Recomendación nº 201 y establecen que los millones de trabajadores y trabajadoras domésticos del mundo tengan los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva.

Las políticas neoliberales debilitan el modelo social europeo

Europa atraviesa una gran crisis económica y social, con niveles récord de desempleo, y caminando hacia un periodo de recesión general que ya es una realidad en algunos de los países de la Unión. En la UE27, a finales de 2011, eran ya más de 23 millones de hombres y mujeres los que carecían de empleo, entre ellos 5 millones de jóvenes.

En los últimos dos años, estamos viviendo el más sistemático y generalizado ataque contra los derechos laborales y sociales desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. El ataque está impulsado desde las mismas instituciones europeas: Consejo, Comisión y Banco Central Europeo. Sus líneas de acción son las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y las llamadas “reformas estructurales”, en particular las del mercado de trabajo. Sus instrumentos jurídico-políticos son, por el momento, los seis reglamentos del Plan de gobernanza económica, el Pacto por el euro plus y el nuevo Tratado o Pacto fiscal. Sus consecuencias afectan a todos los países de la UE, con distinta intensidad. De forma dramática a los países del sur y el este de Europa que tienen serios problemas en sus finanzas públicas: disminución de salarios y pensiones, pérdida o erosión de los derechos laborales y sociales, debilitamiento (anulación en algunos casos) de la negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro serio de las prestaciones y servicios públicos sobre los que se basan los Estados de bienestar europeos.

Sometidos, con más o menos entusiasmo, a la ideología del pensamiento económico conservador del actual gobierno alemán, los responsables políticos europeos están actuando con una cortedad de miras y unos niveles de irresponsabilidad extraordinarios manteniendo unas políticas manifiestamente fracasadas que ponen en peligro la misma existencia del euro, en lo económico, y de la propia Unión Europea, en lo político. El debilitamiento del modelo social europeo y su sustitución por un modelo ultraliberal de “sólo mercado” y un modelo dual en el que a los países periféricos, como España, les correspondería competir en base a una profunda reducción de los salarios y de los derechos laborales y sociales.

Las políticas impulsadas por las instituciones europeas son muy injustas y sus consecuencias están siendo: más personas en paro, más pobreza y más desigualdad social. Además, son un fracaso en términos económicos. Sus objetivos explícitos –déficit público del 3% del PIB en 2013 y mejora de la capacidad de financiación de los Estados- está lejos de poder cumplirse, dado que las políticas de austeridad han llevado de una incipiente recuperación económica a una nueva recesión. Hoy, la crisis de las deudas soberanas está más extendida y es más profunda que a comienzos de 2010 (cuando se fijaron los objetivos del déficit).

El sindicalismo europeo tiene alternativas a esta difícil situación que son compartidas por un creciente número de organizaciones sociales y políticas. La Confederación Europea de Sindicatos (CES), para resolver la crisis de las deudas soberanas e impulsar el crecimiento de la economía y el empleo, propone: emitir deuda europea (eurobonos), reformar el BCE para darle las competencias de los demás bancos centrales, implantar un impuesto a las transacciones financieras, actuar decididamente contra el fraude y la evasión fiscal y acabar con los paraísos fiscales, regular los mercados financieros para ponerlos al servicio de la economía real, armonizar fiscalmente la UE, impulsar un plan europeo de inversiones en redes de transporte y comunicación y actividades de economía verde, reformar los Tratados de la UE para que el gobierno de la UE sea realmente democrático y respete los principios, valores e instituciones que han configurado su modelo social. Para alcanzar los objetivos de reducción de los déficits públicos, la CES reclama un plazo más prolongado, y desde la recuperación del crecimiento económico, no desde la recesión.

La CES ha propuesto, además, trabajar por un Nuevo contrato social europeo que restaure el valor del diálogo social y establezca un amplio conjunto de derechos laborales y sociales comunes sobre los que basar la construcción de una nueva Unión Europea que pueda volver a convertirse en la región del mundo económicamente más avanzada, con un modelo de desarrollo sostenible y socialmente más justa. Porque ambas opciones son perfectamente compatibles.

Reformas injustas y políticas ineficaces

En España, la pésima situación económica y del empleo, lejos de reconducirse, se agrava. Superada, en 2011, la cifra de 5.270.000 personas desempleadas, las expectativas para este año y el próximo, inmersos ya en una recesión económica, auguran un aumento mucho mayor del desempleo, con la extensión de los despidos al ámbito de las administraciones y servicios públicos y por los efectos, en el ámbito privado, de la contracción drástica de la inversión pública. Una situación en la que la brecha entre ricos y pobres aumenta cada día y sitúa a más del 22% de los hogares españoles por debajo del umbral de la pobreza.

Las dificultades para que las personas jóvenes encuentren empleo, convierten el desempleo juvenil en un problema social de primera magnitud ante la falta de expectativas laborales que limitan severamente sus posibilidades de desarrollo y autonomía y que llevan, a las personas más preparadas, a ver en la emigración una de sus escasas alternativas.

El desempleo de larga duración también se ceba en mujeres y hombres que por su mayor edad tienen escasas posibilidades de reincorporarse al mercado de trabajo en estas circunstancias y también en un futuro, cuando la economía repunte y genere nuevos empleos.

Las reformas laborales llevadas a cabo por el anterior Gobierno, atendiendo a los requerimientos de reformas estructurales impulsados por la UE, no han servido para frenar la destrucción de puestos de trabajo y sí para aumentar la precariedad laboral. El giro en la política económica y social, adoptado por el Gobierno en 2010 y continuado en 2011, ha tenido consecuencias negativas para el empleo y para la prestación de los servicios públicos, facilitando la ofensiva contra lo público que, desde diversos ámbitos políticos y económicos, ligados a las posiciones más neoliberales, se desencadenaron en algunas Comunidades Autónomas y llevan camino de generalizarse en todo el país.

Los errores en la gestión política de la crisis, llevaron a la desafección de una parte importante de su electorado y a facilitar un cambio de ciclo político, iniciado en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, al poner en manos del Partido Popular la mayoría de los gobiernos e instituciones. Tras la alternancia política resultado de las elecciones generales del 20 de noviembre, el Gobierno del PP ha iniciado una rápida carrera por la puesta en marcha de drásticos recortes presupuestarios y profundas reformas estructurales, entre las que destaca la reforma laboral por sus efectos lesivos para los trabajadores y por la involución que supone en aspectos esenciales del derecho del trabajo, aprobada sin el menor intento de negociación, ni siquiera consulta previa, con las organizaciones sindicales y con desprecio absoluto del valor del diálogo social y de los contenidos de dos importantes Acuerdos interconfederales firmados por las confederaciones empresariales y sindicales pocos días antes de que el Gobierno aprobase el RD-ley.

UGT y CCOO reclamamos la necesidad y oportunidad del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC 2012-2014), con el que se trata de contribuir, desde la negociación colectiva, a la reactivación económica, a través de una importante contención de salarios, precios y beneficios empresariales, y la reinversión del excedente empresarial para la mejora de la competitividad y productividad; contribuir a la consolidación del empleo, a través de la aplicación preferente, a la hora de afrontar la crisis, de medidas de flexibilidad interna negociada, y a la reducción de la conflictividad laboral a través del fortalecimiento del diálogo en la empresa y de la solución autónoma de conflictos, avalada también con la firma del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos (ASAC 2012-2016).

Frente a la opción promovida por los Acuerdos interconfederales, el RD-ley supone una reforma brutal, que facilita y abarata el despido, precariza las nuevas contrataciones, desequilibra a favor de la empresa las relaciones laborales, aumenta la desigualdad y genera nuevas formas de discriminación, debilita la negociación colectiva y la función de las organizaciones sindicales. Una reforma con claros elementos de inconstitucionalidad y que vulnera, también, algunos importantes convenios internaciones de la OIT.

Una reforma laboral que ha sido contestada con la Huelga General del 29 de marzo, convocada por CCOO y UGT, con un alto grado de participación incuestionable, más de 10 millones de trabajadoras y trabajadores, y varios millones de personas manifestándose en las calles de las principales ciudades españolas. La dimensión de la movilización confirma el apoyo a la petición de rectificación que reclaman los sindicatos. El Gobierno debe escuchar a los millones de personas que han expresado su malestar y profundo rechazo a la reforma y a los recortes sociales. UGT y CCOO daremos una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación, instando a que, en el periodo de tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma laboral, el Gobierno atienda las propuestas sindicales presentadas como alternativa al contenido del RD-ley para eliminar sus aspectos más lesivos y no ahondar en políticas que producirán mayores dificultades económicas para la mayoría de la población y un agravamiento de la conflictividad social.

Sin embargo, no parece ser esta la línea escogida por el Gobierno y con los Presupuestos Generales para 2012 presentados el 30 de marzo, demuestra que su prioridad no es el empleo sino atender las exigencias del Eurogrupo para limitar el déficit este año al -5,3% del PIB. Unos presupuestos que, centrados en recortar el déficit público, generarán menos actividad económica, más paro, una reducción de la calidad y cobertura de los servicios públicos y un debilitamiento de la cohesión social. En definitiva, más injusticia y más desigualdad, a la vez que se premia a los defraudadores con una amnistía fiscal.

CCOO y UGT reclamamos una negociación para alcanzar un gran acuerdo nacional para la reactivación de la economía y la generación de empleo suficiente y de calidad, que contemple medidas de persecución del fraude fiscal y de redistribución de la carga impositiva para que quienes más recursos tienen contribuyan en justa medida a la salida de la crisis; que garantice que el sistema financiero ponga a disposición de las empresas y de las familias los recursos necesarios para recuperar la actividad y aumentar el consumo; que favorezca un cambio en el modelo de crecimiento, impulsando la investigación, la innovación tecnológica, la educación y la formación, el desarrollo sostenible, la prevención y protección de la salud; que consolide la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación laboral y social como valores inherentes a la democracia y al estado social; que recupere la aplicación efectiva de la Ley de dependencia, como un pilar fundamental del Estado del bienestar, desarrollando todas sus capacidades de generación de empleo.

UGT y CCOO reclamamos respeto a la autonomía de las partes en el ámbito de las relaciones laborales; defendemos el beneficio que a la cohesión social aportan los convenios y acuerdos sectoriales, compatible con el desarrollo de la negociación en la empresa; promovemos que la defensa y la creación de empleo sea el núcleo central de la negociación colectiva.

CCOO y UGT reclamamos al Gobierno la apertura de un proceso de negociación para cambiar en profundidad la reforma laboral, centrar las políticas públicas en el crecimiento económico y la creación de empleo, en la defensa del modelo social, los servicios públicos esenciales y la cohesión social. Este Primero de Mayo es la continuación de la huelga general y las manifestaciones llevadas a cabo el pasado 29 de marzo contra la reforma laboral. Si el Gobierno sigue sin abrir la negociación reclamada por los sindicatos, el conflicto social seguirá abierto y creciente hasta que rectifique substancialmente esta reforma.

En estos tiempos de globalización y crisis económica es necesario reforzar la unidad y la solidaridad por una salida social a la crisis.

UGT y CCOO llamamos a los trabajadores y trabajadoras, a los ciudadanos y ciudadanas, a movilizarse en defensa del modelo social y por el empleo:

QUIEREN ACABAR CON TODO

TRABAJO, DIGNIDAD, DERECHOS

¡NO A LA REFORMA LABORAL!

¡MÁS EMPLEO, MENOS PRECARIEADAD!

¡SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD!

¡POR LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES!

¡MÁS INVERSIÓN Y MENOS RECORTES!

LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA IGUALDAD SON PRINCIPIOS Y DERECHOS IRRENUNCIABLES

TRABAJO, DERECHOS, DIGNIDAD

NO A LA REFORMA LABORAL
El recorte en políticas activas de empleo y la amnistía fiscal para los defraudadores, claros síntomas de una política económica equivocada, antisocial y que no prioriza el empleo

El recorte presupuestario en las políticas activas de empleo (en 1.557 millones de euros respecto a 2011) sumado a la amnistía fiscal para los defraudadores, medidas incluidas en el dictamen de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que vota hoy el Congreso de los Diputados, son dos claros síntomas de una política económica errónea, antisocial y que no prioriza el empleo.

UGT rechaza esta estrategia política que conduce a la sociedad española a más paro y más pobreza y tacha de poco ético e ineficaz recurrir al perdón fiscal a los defraudadores. Por contra, propone que se acometa una reforma global de nuestro sistema tributario basado en criterios como la equidad y la progresividad, de tal forma que pague más quien más tiene.

En este sentido, sería necesario, entre otras medidas, un plan serio contra el fraude fiscal- solo persiguiendo el fraude en el IRPF y el Impuesto de Sociedades podrían recaudarse unos 6.000 millones más de lo que el Gobierno ha previsto recaudar con la amnistía fiscal, que cifra en 2.500 millones de euros, o lo que es lo mismo, la cuarta parte del ajuste total previsto para el Estado en este año.

Asimismo, habría que revisar la tributación de los productos de ahorro o inversión especulativa como las SICAV, reformar los mecanismos de tributación de las rentas empresariales en el IRPF; establecer un impuesto sobre las transacciones financieras; rehabilitar figuras tributarias como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y regular un verdadero impuesto sobre las grandes fortunas.

El Congreso de los Diputados, conformado por la mayoría absoluta del PP, votará hoy un dictamen sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que incluye dos de las medidas “estrellas” aprobadas por el Gobierno del Partido Popular en los Presupuestos Generales del Estado 2012, la reducción de las políticas activas de empleo y el establecimiento de una amnistía fiscal. Dos medidas que muestran inequívocamente que la prioridad del Gobierno, desde luego, no es el empleo, sino el déficit, a costa de lo que sea.

Una de ellas, es la reducción de las políticas activas de empleo en 1.557 millones, - 21,3% respecto a 2011. Una iniciativa especialmente grave en una situación como la actual. El propio Gobierno prevé que solo este año el paro aumente en más de 600.000 personas, una previsión que será ampliamente superada si el Ejecutivo sigue empecinado en esta política del recorte y del ajuste, sin contemplar ninguna medida de estímulo e inversión para fomentar la actividad económica.

Por otro lado, resulta sorprendente que mientras se anuncian continuos mazazos contra el Estado de Bienestar; se aprueba una reforma laboral cuya bandera es el despido y la desregulación de las condiciones laborales de los trabajadores; y continúan subiendo elementos básicos de los que dependemos todos, como el transporte o la luz, el Gobierno apruebe una amnistía fiscal para los defraudadores.

Una medida muy negativa que transmite a la sociedad un pernicioso mensaje de impunidad contrario a lo que debe ser un sistema tributario justo. El sindicato considera que los 2.500 millones de ingresos que el Gobierno estima que se recaudarán con esta iniciativa no la justifican, en absoluto, y estima que, solo persiguiendo el fraude fiscal en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, podrían recaudarse unos 6.000 millones más de lo previsto con la amnistía fiscal, es decir casi la cuarta parte de ajuste total previsto para el Estado este año.

Hay que recordar que, hace un año, ante la sospecha de que el anterior Gobierno pudiera adoptar una medida similar, el que hoy es Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Secretaria General del Partido Popular, Dolores Cospedal, emitieron rotundas descalificaciones calificando la amnistía fiscal como injusta, antisocial y como una barbaridad.

UGT considera que es necesaria una reforma integral del sistema tributario para que sea más justo y equitativo, no improvisar medidas para salir del paso, sin ninguna estrategia global que vaya más allá de recaudar más en estos momentos de dificultad. Además, la presión fiscal en nuestro país está 7 puntos por debajo de la media de la zona euro. En este ámbito de una reforma integral de nuestro sistema tributario, UGT propone entre otras cosas:

•Revisar la tributación de los productos de ahorro o inversión especulativa como las SICAV, que suponen un agujero fiscal inasumible por nuestras finanzas públicas.
•Reformar los mecanismos de tributación de las rentas empresariales en el IRPF, que han quedado obsoletos y ofrecen unos resultados recaudatorios irrisorios si se ponen en relación con los obtenidos de los asalariados.
•Introducir un impuesto sobre las transacciones financieras.
•Rehabilitar figuras tributarias como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•Regular un verdadero impuesto sobre las grandes fortunas.

UGTCyL califica como una “barbaridad” los últimos recortes en Sanidad y Educación anunciados por el Gobierno

El Secretario General de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, ha calificado como una “barbaridad” los últimos planes del Gobierno de Rajoy, anunciados ayer en Nota de Prensa, y que supondrán un recorte de 10.000 millones de euros, en Educación y Sanidad. A la espera de que se concreten los recortes del PP, Prieto ha defendido el sistema sanitario español por su carácter ”altamente cualificado” y porque “funciona muy bien”. Un sistema universal que, ha dicho, debe preservarse con el pago de impuestos, de forma que el que gane 1.000 pague sobre 1.000, y el que gane 100.000 lo haga, igualmente, sobre esa cantidad. De lo contrario, afirma, se empobrecerá la Sanidad y la salud de unos trabajador@s que ya no irán al médico en función de su salud sino de su bolsillo.

El líder de UGT ha insistido en que Rajoy vuelve a incumplir sus promesas y se ha mostrado preocupado y expectante por la repercusión que estas medidas puedan tener en los presupuestos de la Junta de Castilla y León y en el ámbito del Diálogo Social, en materia de formación, políticas activas de empleo o formación, entre otras.

“Se están poniendo en peligro los Sevicios públicos y el daño puede ser irreversible”, ha destacado Prieto, que insiste en que hay cuestiones como la Sanidad, la Educación y las Políticas Sociales en las que no se puede ahorrar.

El Secretario Regional de UGT ha dejado claro que habrá que esperar a conocer cómo se concretan estas actuaciones y analizar si las repercusiones en Castilla y León serán sustanciales o podrán ser corregidas a través de los presupuestos regionales.
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COMERCIO | GRANDES ALMACENES
Mienten, difaman y engañan

Esos son los calificativos que nos merecen los paraempresarios de Fasga, después de leer su reciente libelo sobre el asunto de las vacaciones en casos de IT (incapacidad temporal).

Resulta que estos indocumentados pretenden adueñarse de una reclamación que en su día presento la UGT ante la Audiencia Nacional, como consecuencia de que el convenio colectivo, que si firmaron ellos, no reconocía siquiera lo que ya venía siendo norma, es decir que las vacaciones no se pierden si se produce una IT antes de su disfrute, y que estos engominados paraempresarios no tuvieron la decencia de reflejarlo en el convenio que les pusieron a la firma.

La reclamación que la UGT presento en su momento en la Audiencia, y que nos dio la razón, incluía la novedad, planteada por nosotros de exigir la no perdida de las vacaciones incluso cuando la IT se producía en el momento de estar disfrutando de ellas. Cuestiones ambas que fueron reconocidas a nuestro favor y que el posterior recurso de la patronal ANGED, llevo al Tribunal Supremo y este remitió a la corte europea para su aclaración y resolución.

Proceso que hemos seguido de manera puntual, como parte promotora de la demanda inicial y del éxito logrado en la Audiencia. Mientras tanto los paraempresarios de fasga se han limitado a seguir defendiendo el contenido del convenio que firmaron y que niega lo que lográbamos en los Tribunales. Por tanto mienten cuando dicen que defienden una sentencia ganada por ellos, difaman cuando dicen que solo a ellos les preocupa esta cuestión y lo que es más grave pretenden engañar a los trabajadores cuando se presentan como defensores de sus derechos y no son más que causantes de sus males.

Y quede constancia de que la UGT ha manifestado ante el Tribunal Europeo su firme posición para que se reconozca nuestra reclamación inicial, avalada por la Audiencia y defendida en todo momento en nuestras propuestas de negociación.

NO A LA REFORMA LABORAL

El presidente encarga a la ministra de Empleo el diálogo con los sindicatos

Mariano Rajoy responde a los sindicatos



El presidente del Gobierno, que se resiste a reunirse con los sindicatos, responde a la carta de UGT y CCOO, en la que ofrecían diálogo y acuerdo para enfrentar la crisis económica, remitiéndoles a la ministra de Empleo.

El lunes 9 de abril, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, dirigieron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le reclamaban la búsqueda de consenso social y político para la reactivación económica y la creación de empleo.

Ayer martes, 10 de abril, el presidente contestó a los dirigentes sindicales y tras agradecer “su ofrecimiento para el diálogo y el acuerdo”, les remite a la ministra de Empleo y Seguridad Social, “al objeto de tratar las cuestiones que abordan en la carta que han tenido a bien dirigirme”.

Los sindicatos desmienten que exista diálogo con el Ministerio de Empleo, recuerdan que desde el Gobierno se niega la posibilidad de modificaciones sustanciales en la reforma laboral, y consideran, asimismo, sorprendente la actitud del Sr. Rajoy que remite a las organizaciones sindicales al ámbito de la titular de Empleo y Seguridad Social.

Ante la gravedad de la situación, es necesaria una discusión más amplia, junto a aspectos como la reforma laboral, que él mismo considera como pieza central de la política de Estado, es necesario abordar otros asuntos que afectan y preocupan a las trabajadoras y ciudadanos de este país, como la reorientación de los Presupuestos Generales del Estado y el fortalecimiento, garantía y sostenibilidad de los servicios básicos, como la sanidad y la educación, sobre los que la carta del señor Rajoy no dice nada.

En opinión de UGT y CCOO, el presidente del Gobierno debe aprovechar y liderar la oportunidad para liderar un ambicioso proceso de diálogo social y político capaz de hacer compatible la reducción del déficit con estímulos a la actividad económica, que es lo único que puede generar empleo, “un consenso que se podría aprovechar para rectificar los capítulos esenciales de la reforma laboral en su actual trámite parlamentario, a partir de las correspondientes enmiendas”.

Resulta incomprensible, concluyen CCOO y UGT, que con una economía en el disparadero, teniendo que salir al paso de las exigencias de las autoridades comunitarias, y del chantaje de los mercados financieros, el presidente Mariano Rajoy, exhiba una conducta errática y renuncie a construir un consenso de país con las fuerzas políticas y sociales, impulsando un escenario de acuerdo y confianza dentro y fuera de España.

#29MHuelgaGeneral ¡¡¡Gracias!!

Las calles de León volvieron a ser un clamor el pasado 29 de marzo en contra de la reforma laboral. Cerca de 50.000 personas, entre ellas, trabajador@s de todas las edades, desemplead@s, estudiantes, jubilados y pensionistas, en definitiva, familias al completo, respaldaron la convocatoria de UGT y CCOO en una jornada de Huelga General en la que se puso de manifiesto que hay otras alternativas a la crisis.



Las personas que participaron en la manifestacion de León mostraron su descontento ante la reforma laboral del PP. El mayor atropello que hemos conocido en la historia de la democracia, como destacó el Secretario Provincial de Acción Sindical de UGT, Eloy Fernández. Fernández insistió en que el Gobierno no puede quedar al margen y advirtió que “nada acaba hoy, sino que, más bien, comienza mañana”. “No nos hemos confundido al convocar la huelga”, añadió criticando los recortes sociales y negando que haya que darle cien días de cortesía, en alusión al PP, a quién no ha tardado ni 60 en imponer una reforma que ataca el derecho al trabajo y lo reemplaza por una arbitrariedad empresarial.



Desde la Federación de Comercio,Hosteleria,Turismo y Juego de León, queremos agradecer, a las personas que intervinieron el día de la Huelga como piquetes informativos, al conjunto de los trabajadores que apoyaron esta manifestación con su presencia y a todas las personas que asistieron a la misma. Muchas gracias.

POR EL FUTURO DE LOS QUE VIENEN.